La Comisión Guttmacher-Lancet revisó desde 2016 estadísticas, estudios y legislación de todas las regiones. La revista The Lancet publicó los resultados, que se presentan hoy, a las 18, en un auditorio del Congreso de la Nación .

“Varias décadas de investigación demuestran los beneficios de invertir en salud sexual y reproductiva. A través de numerosos acuerdos internacionales, los gobiernos se comprometieron con esa inversión -señala la comisión-. El débil compromiso político, los recursos inadecuados, la discriminación persistente contra las mujeres y las chicas, así como la falta de voluntad para abordar de manera abierta e integral cuestiones relacionadas con la sexualidad, frenaron el avance de esos compromisos”.

Eso se traduce en falta de acceso a anticonceptivos, tratamiento de infecciones de trasmisión sexual (ITS), educación sexual o atención prenatal adecuada, entre otros. “Casi todas las personas en edad reproductiva (15 a 49 años) carecerán al menos de un servicio esencial”, afirma la comisión.

Ante esto, propone educación sexual integral; consejería y servicios para acceder a anticonceptivos modernos; atención prenatal, en el parto y posnatal, incluidos los cuidados obstétricos y neonatales de emergencia; servicios de aborto seguro y atención de las complicaciones del aborto inseguro; prevención y tratamiento del VIH y otras ITS; prevención, detección y atención para víctimas de violencia sexual; prevención, detección y manejo de los cánceres reproductivos; información, consejería y servicios de subfertilidad e infertilidad, y servicios relacionados con la salud y el bienestar sexual.

“El informe identifica la necesidad de incrementar el rol del hombre en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en apoyar a las mujeres en la toma de decisiones, en el ejercicio de sus derechos y en su empoderamiento”, explicó Laura Laski, coautora del informe y exjefa de la Subdivisión de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Para Susheela Singh, vicepresidenta de investigación internacional del Instituto Guttmacher, “atender las necesidades de anticoncepción, aborto y atención materna e infantil costaría 9 dólares por persona por año, inversión accesible, en especial porque, en promedio, la mitad ya se invierte para cubrir los servicios de atención disponibles, a la vez que aportará enormes beneficios”.

Para eso, los países “deben determinar sus prioridades en el corto plazo y hacer las reformas institucionales para avanzar en su desarrollo futuro” y garantizar el acceso a los servicios esenciales aun durante crisis económicas.

Laski opinó que habría que comenzar por “enfocar los esfuerzos en los grupos más marginales y en condiciones de pobreza con dificultades para ejercer sus derechos. Incluso adolescentes y jóvenes”.

Silvina Ramos, investigadora del Área Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), consideró “aplicables” las recomendaciones. “Los derechos sexuales y reproductivos son centrales para la vida de las personas y sin su ejercicio pleno se comprometen las oportunidades de desarrollo personal y de inserción social, particularmente para mujeres y adolescentes”, afirmó.

Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el informe “es muy importante para un país donde es tan fragmentada la atención de la salud y que, por eso, gastan más recursos que los necesarios. Es una buena oportunidad para revisar nuestras prioridades”.

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